Alberto Su�rez Tram�n
Director M&A y Contrataci�n Mercantil/Transacciones
Garrido Abogados
Efectivamente no son pocas las ocasiones en que un consejero o administrador de una filial espa�ola de cualquier grupo multinacional se ve ante la dificultad de hacer coincidir los intereses de la sociedad espa�ola de la que es administrador con los intereses del grupo al que dicha sociedad pertenece. Resulta complicado cumplir pues ante este tipo de escenarios con los consabidos deberes de lealtad y diligencia que deben regir en todo momento la actuaci�n de los administradores, respondiendo como fin �ltimo al inter�s social en todas sus decisiones de gesti�n.
Es esta una cuesti�n sobre la que ya se pronunci�, en su momento, nuestro Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de diciembre de 2015, sin que sin embargo haya habido sentencias posteriores que hayan destacado de nuevo esta cuesti�n de manera expresa en los mismos t�rminos. Al respecto, en dicho pronunciamiento judicial nuestro alto tribunal deja clara la posibilidad de utilizar como argumento el inter�s del grupo para justificar decisiones que puedan ser lesivas para los intereses de la sociedad filial, pero no validando dicho inter�s de grupo como argumento per se, sino matizando que deben existir ventajas compensatorias objetivas y derivadas exclusivamente de la pertenencia de la sociedad filial al grupo (siempre entendiendo por grupo el concepto regulado en el art�culo 42 del C�digo de Comercio).
Es decir, el inter�s social prevalece sobre el inter�s de grupo, si bien se puede hacer valer este �ltimo por encima del propio de la sociedad en aquellas situaciones en que realmente existan a posteriori o hayan existido a priori o simult�neamente ventajas que hayan compensado a la contra a la sociedad filial frente al grupo en su conjunto o frente a otras sociedades filiales, por ejemplo, de otras jurisdicciones.
Ante esta aplicaci�n de la doctrina de las ventajas compensatorias que el Tribunal Supremo traslad� en la citada sentencia al �mbito de la responsabilidad de los administradores, evidentemente no ser� f�cil ni generalizable la determinaci�n de cu�les hayan de ser esas ventajas que compensen el perjuicio o lesi�n causados a la sociedad filial en pos del grupo, pero s� se han apuntado ciertas pautas que pudieran servir para ayudar a identificar si en el caso concreto estamos ante un supuesto donde presumiblemente pueda entenderse el inter�s de grupo como exonerador de la responsabilidad del administrador que ha perjudicado a la sociedad que gestiona directamente.
En este sentido, el da�o producido a la sociedad en ning�n caso podr� haber puesto en peligro la viabilidad y solvencia de esta �ltima, y las ventajas obtenidas por la sociedad (a priori, a posteriori o de modo simultaneo) deben compensar razonablemente el da�o producido a la sociedad filial, justificando as� tambi�n razonablemente dicho da�o.
Es relevante a estos efectos tener en cuenta que no pueden argumentarse cuestiones �abstractas� o no concretas como simples �sinergias� entre sociedades del grupo, sino que las ventajas o prestaciones con que el grupo haya beneficiado a la sociedad, y que por tanto se expongan como justificadoras de la decisi�n lesiva en contra de �sta en el caso concreto, deben ser verificables, con un valor econ�mico concreto y con una razonada proporci�n respecto al da�o sufrido por la filial afectada.
No puede negarse que se trata de una situaci�n de una indudable dificultad en muchos casos a la hora de poder acreditar la existencia de esas ventajas que permitan que el consejero o administrador que se haya visto �obligado� a adoptar decisiones lesivas para su sociedad pueda con aqu�llas quedar exonerado de su responsabilidad, en caso de haber sido demandado por socios ajenos al grupo o por terceros perjudicados, aunque lo cierto es que desde dicha sentencia existe al menos esta v�a de defensa esgrimida o apuntada por el Tribunal Supremo.
Como apuntaba al inicio, este es un supuesto en el que se encuentran con innegable frecuencia los consejeros o administradores de sociedades espa�olas filiales de grupos multinacionales, vi�ndose en muchas ocasiones obligados a tomar o ejecutar decisiones como gestores de la sociedad filial que, en realidad, les vienen pr�cticamente impuestas desde los headquarters fuera de Espa�a, donde la visi�n de grupo, como parece obvio, impera y muchas veces se inducen decisiones que implican claramente sacrificar los intereses de alguna sociedad filial, con el consiguiente riesgo para los consejeros o administradores de la sociedad espa�ola, que son quienes, al menos en un primer momento, y por raz�n de su cargo, pueden resultar demandados y sufrir un perjuicio en sus patrimonios personales.
No hay duda de que la �profesi�n� de administrador o consejero es per se una profesi�n de riesgo, por la responsabilidad inherente a tal cargo, pero esto puede llegar a multiplicarse si estamos ostentando tal posici�n en una sociedad que se encuadra en un grupo multinacional —aunque cabr�a que se diese el supuesto en un grupo nacional, pero es menos t�pico el supuesto, entre otras cosas, porque incluso en muchas ocasiones los consejeros son los mismos en este caso-.
Ante tal escenario, un ejercicio pulcro y responsable del cargo, y convenientemente soportado en debates bien informados, haciendo primar la actuaci�n diligente y leal, y con una constancia lo m�s verificable posible de las decisiones a adoptar y el origen, causa y an�lisis de las mismas de modo suficiente, se hacen consejos esenciales, debiendo contar con el correspondiente asesoramiento al respecto.
As� pues, en todo caso, y como pol�tica preventiva, sigue siendo por tanto muy relevante en la actuaci�n de los administradores o consejeros de sociedades filiales, la trazabilidad de los procesos decisorios y la necesaria conciencia de que ante todo deben defender los intereses de la sociedad, y en caso de potencial conflicto entre dichos intereses y las decisiones que deban adoptar �inspirados� por las directrices del Grupo, deben valorar cautelosamente la adopci�n de tales decisiones y tratar de encontrar a las mismas una v�a de implementaci�n dotada de la suficiente justificaci�n en los t�rminos comentados, y obviamente en ciertos casos valorar incluso la necesaria �discusi�n� del asunto con sus �mayores� a nivel de Grupo y la imprescindible constancia de dichos debates por lo que pudiera acontecer en el futuro.