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Interés del Grupo vs interés de la Sociedad. Un dilema para los consejeros de las multinacionales

Ref. CISS 15188/2018

Alberto Suárez Tramón

Director M&A y Contratación Mercantil/Transacciones

Garrido Abogados

Efectivamente no son pocas las ocasiones en que un consejero o administrador de una filial española de cualquier grupo multinacional se ve ante la dificultad de hacer coincidir los intereses de la sociedad española de la que es administrador con los intereses del grupo al que dicha sociedad pertenece. Resulta complicado cumplir pues ante este tipo de escenarios con los consabidos deberes de lealtad y diligencia que deben regir en todo momento la actuación de los administradores, respondiendo como fin último al interés social en todas sus decisiones de gestión.

Es esta una cuestión sobre la que ya se pronunció, en su momento, nuestro Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de diciembre de 2015, sin que sin embargo haya habido sentencias posteriores que hayan destacado de nuevo esta cuestión de manera expresa en los mismos términos. Al respecto, en dicho pronunciamiento judicial nuestro alto tribunal deja clara la posibilidad de utilizar como argumento el interés del grupo para justificar decisiones que puedan ser lesivas para los intereses de la sociedad filial, pero no validando dicho interés de grupo como argumento per se, sino matizando que deben existir ventajas compensatorias objetivas y derivadas exclusivamente de la pertenencia de la sociedad filial al grupo (siempre entendiendo por grupo el concepto regulado en el artículo 42 del Código de Comercio).

Es decir, el interés social prevalece sobre el interés de grupo, si bien se puede hacer valer este último por encima del propio de la sociedad en aquellas situaciones en que realmente existan a posteriori o hayan existido a priori o simultáneamente ventajas que hayan compensado a la contra a la sociedad filial frente al grupo en su conjunto o frente a otras sociedades filiales, por ejemplo, de otras jurisdicciones.

Ante esta aplicación de la doctrina de las ventajas compensatorias que el Tribunal Supremo trasladó en la citada sentencia al ámbito de la responsabilidad de los administradores, evidentemente no será fácil ni generalizable la determinación de cuáles hayan de ser esas ventajas que compensen el perjuicio o lesión causados a la sociedad filial en pos del grupo, pero sí se han apuntado ciertas pautas que pudieran servir para ayudar a identificar si en el caso concreto estamos ante un supuesto donde presumiblemente pueda entenderse el interés de grupo como exonerador de la responsabilidad del administrador que ha perjudicado a la sociedad que gestiona directamente.

En este sentido, el daño producido a la sociedad en ningún caso podrá haber puesto en peligro la viabilidad y solvencia de esta última, y las ventajas obtenidas por la sociedad (a priori, a posteriori o de modo simultaneo) deben compensar razonablemente el daño producido a la sociedad filial, justificando así también razonablemente dicho daño.

Es relevante a estos efectos tener en cuenta que no pueden argumentarse cuestiones «abstractas» o no concretas como simples «sinergias» entre sociedades del grupo, sino que las ventajas o prestaciones con que el grupo haya beneficiado a la sociedad, y que por tanto se expongan como justificadoras de la decisión lesiva en contra de ésta en el caso concreto, deben ser verificables, con un valor económico concreto y con una razonada proporción respecto al daño sufrido por la filial afectada.

No puede negarse que se trata de una situación de una indudable dificultad en muchos casos a la hora de poder acreditar la existencia de esas ventajas que permitan que el consejero o administrador que se haya visto «obligado» a adoptar decisiones lesivas para su sociedad pueda con aquéllas quedar exonerado de su responsabilidad, en caso de haber sido demandado por socios ajenos al grupo o por terceros perjudicados, aunque lo cierto es que desde dicha sentencia existe al menos esta vía de defensa esgrimida o apuntada por el Tribunal Supremo.

Como apuntaba al inicio, este es un supuesto en el que se encuentran con innegable frecuencia los consejeros o administradores de sociedades españolas filiales de grupos multinacionales, viéndose en muchas ocasiones obligados a tomar o ejecutar decisiones como gestores de la sociedad filial que, en realidad, les vienen prácticamente impuestas desde los headquarters fuera de España, donde la visión de grupo, como parece obvio, impera y muchas veces se inducen decisiones que implican claramente sacrificar los intereses de alguna sociedad filial, con el consiguiente riesgo para los consejeros o administradores de la sociedad española, que son quienes, al menos en un primer momento, y por razón de su cargo, pueden resultar demandados y sufrir un perjuicio en sus patrimonios personales.

No hay duda de que la «profesión» de administrador o consejero es per se una profesión de riesgo, por la responsabilidad inherente a tal cargo, pero esto puede llegar a multiplicarse si estamos ostentando tal posición en una sociedad que se encuadra en un grupo multinacional —aunque cabría que se diese el supuesto en un grupo nacional, pero es menos típico el supuesto, entre otras cosas, porque incluso en muchas ocasiones los consejeros son los mismos en este caso-.

Ante tal escenario, un ejercicio pulcro y responsable del cargo, y convenientemente soportado en debates bien informados, haciendo primar la actuación diligente y leal, y con una constancia lo más verificable posible de las decisiones a adoptar y el origen, causa y análisis de las mismas de modo suficiente, se hacen consejos esenciales, debiendo contar con el correspondiente asesoramiento al respecto.

Así pues, en todo caso, y como política preventiva, sigue siendo por tanto muy relevante en la actuación de los administradores o consejeros de sociedades filiales, la trazabilidad de los procesos decisorios y la necesaria conciencia de que ante todo deben defender los intereses de la sociedad, y en caso de potencial conflicto entre dichos intereses y las decisiones que deban adoptar «inspirados» por las directrices del Grupo, deben valorar cautelosamente la adopción de tales decisiones y tratar de encontrar a las mismas una vía de implementación dotada de la suficiente justificación en los términos comentados, y obviamente en ciertos casos valorar incluso la necesaria «discusión» del asunto con sus «mayores» a nivel de Grupo y la imprescindible constancia de dichos debates por lo que pudiera acontecer en el futuro.

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