LA LEY

• Contable

Concepto de “auditoría de cuentas” PGC y PGC Pymes

Ref. CISS 2598/2016

CONCEPTO

Se entiende por auditoría de cuentas, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio de Auditoría de Cuentas (LAC) la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros. La auditoría de cuentas tendrá necesariamente que:

• a) Ser realizada por un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría.
• b) Mediante la emisión del correspondiente informe
• c) Con sujeción a los requisitos y formalidades establecidos en la LAC.

Modalidades: La LAC tiene por objeto la regulación de la actividad de auditoría de cuentas, tanto obligatoria como voluntaria, mediante el establecimiento de las condiciones y los requisitos de necesaria observancia para su ejercicio, así como la regulación del sistema de supervisión pública y los mecanismos de cooperación internacional en relación con dicha actividad.

Según el artículo 4 de la LAC, las dos modalidades de auditoría de cuentas que se incluyen en su ámbito de aplicación son:

• 1) Auditoría de cuentas anuales:Consistirá en verificar dichas cuentas a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación.

  Asimismo, comprenderá la verificación del informe de gestión que, en su caso, acompañe a las cuentas anuales, a fin de dictaminar sobre su concordancia con dichas cuentas anuales y si su contenido es conforme con lo establecido en la normativa de aplicación.

• 2) Auditoría de otros estados financieros o documentos contables: Consistirá en verificar y dictaminar si dichos estados financieros o documentos contables expresan la imagen fiel o han sido preparados de conformidad con el marco normativo de información financiera expresamente establecido para su elaboración.

Además, hay que tener en cuenta lo siguiente:

• — Lo establecido en esta la LAC sobre los trabajos e informes de auditoría de las cuentas anuales será de aplicación, con la correspondiente adaptación, a los trabajos e informes de auditoría de otros estados financieros o documentos contables.
• — La LAC será de aplicación a la auditoría de cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados (art. 7 LAC)

BOICAC Nº 89/2012 Consulta 3

Se consulta al ICAC sobre la actuación del auditor de cuentas en un trabajo de valoración de participaciones sociales en una sociedad de responsabilidad limitada y la aplicación de lo dispuesto en la Norma Técnica de Auditoría sobre esta cuestión, publicada por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 23 de octubre de 1991.

En la respuesta a esta consulta el ICAC nos indica que el trabajo de valoración de acciones o participaciones sociales previsto en el citado artículo 353 del TRLSC, y cuyos criterios de actuación se establecen en la Norma Técnica citada, es un trabajo que no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas, conforme a la definición de dicha actividad establecida en el artículo 1 del TRLAC.

BOICAC 94, junio de 2013. Consulta única de auditoría

Sobre las obligaciones contables de una comunidad de vecinos (comunidad de propietarios por pisos o locales, regida por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal) y si la revisión de sus cuentas puede tener la consideración de la actividad de auditoría de cuentas.

Respecto a la consideración como actividad de auditoría de cuentas, tras recordarnos lo establecido en el artículo 1.2 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1/2011, de 1 de julio (en adelante, TRLAC) y en los artículos 2, 4.1 y 10.1 del Reglamento de desarrollo del TRLAC, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 1 de octubre, (en adelante RAC), el ICAC responde lo siguiente:

• – Atendiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría anteriormente reseñada, el trabajo de revisión de las cuentas de una comunidad de propietarios no puede entenderse como una auditoría de cuentas anuales, puesto que no se ha establecido en la Ley de Propiedad Horizontal por la que se rigen las Comunidades de Propietarios la obligación de formular estas cuentas, ni por tanto el marco para su elaboración. Tampoco puede tener la consideración de la segunda de las modalidades de la actividad de auditoría de cuentas regulada en la citada normativa, por cuanto no existe un marco normativo de información financiera “establecido expresamente para la elaboración” de dichas cuentas, ni sobre “otros estados financieros o documentos contables”, de acuerdo con lo exigido en el citado artículo 2 del RAC.
• – En conclusión y por todo lo anterior, debe indicarse que la revisión de las cuentas de una Comunidad de Propietarios, aunque sea realizada por un auditor de cuentas inscrito en el ROAC, no tendría la consideración de un trabajo de auditoría de cuentas de las reguladas en la normativa reguladora citada, dado que, al no existir un marco normativo de información financiera establecido para la elaboración y presentación de dichas cuentas, no se encontraría comprendido en ninguna de las dos modalidades de auditoría de cuentas contempladas en la normativa reguladora de la actividad de auditoría.

Por tanto, dicha actuación de revisión no estaría sujeta a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, ni tendría que aplicarse en su realización y emisión del informe las normas de auditoría de cuentas en ninguno de sus aspectos, no estando sujeta esta actuación al régimen de supervisión y control por parte de este Instituto. En este sentido, debe advertirse a este respecto que el informe que en su caso se emitiera como resultado de dicho trabajo no podrá identificarse como informe de auditoría, ni su redacción o presentación podrá generar confusión a este respecto, conforme a lo establecido en el artículo 3.3 del RAC, y teniendo en cuenta la conducta tipificada como infracción grave en el artículo 34.g) del TRLAC.

A este respecto, procede señalar que aun en el supuesto de que voluntariamente la Comunidad de propietarios formulara cuentas con arreglo a un marco de información financiera, elegido por la citada Comunidad, y las sometiera a revisión por un auditor, la actuación de revisión realizada por el auditor no tendría naturaleza de auditoría de cuenta regulada en el TRLAC y su normativa de desarrollo, toda vez que, teniendo en cuenta el art.1 del TRLAC y el art. 2.2 del RAC requieren un marco normativo de información financiera aplicable, expresamente establecido para la elaboración de dichas cuentas y dicho marco no está establecido expresamente por el legislador al regular la rendición de cuentas por dichas Comunidades en la Ley de Propiedad Horizontal.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que señalar que el trabajo de revisión de las cuentas de una comunidad de propietarios podrá realizarse por cualquier persona con conocimientos y experiencia adecuada en el ámbito del funcionamiento de las comunidades de propietarios y en la aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal, sin que sea necesario que dicha revisión sea realizada por un auditor de cuentas. Lo anterior no significa que dicho trabajo no pueda ser realizado por un auditor de cuentas. En tal supuesto el informe que en su caso emita deberá adoptar una redacción de modo que no genere confusión en los términos establecidos en el artículo 3.3 del RAC.

BOICAC 105, marzo 2016. Consulta única de auditoría.

El ICAC es consultado sobre la auditoría de las cuentas anuales o de otros estados financieros o documentos contables de determinadas entidades en las que la normativa reguladora que les resulta de aplicación según su naturaleza jurídica no establece de forma expresa un marco normativo de información financiera para su elaboración y presentación.

El ICAC responde que, atendiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría, la revisión y verificación de las cuentas anuales o estados financieros de una entidad únicamente podrá tener la consideración de actividad de auditoría de cuentas en los siguientes casos:

• 1. Cuando la normativa específica a la que se encuentre sujeta la entidad en cuestión imponga la obligación de elaborar unas cuentas anuales que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación.
• 2. Cuando la normativa específica a la que se encuentre sujeta la entidad en cuestión contemple o prevea la elaboración y presentación de otros estados financieros o documentos contables conforme a un marco normativo de información financiera que aquella haya establecido expresamente a tal efecto.

A estos efectos, el ICAC considera que:

• – Disponen de un marco normativo de información financiera aplicable, las sociedades de capital reguladas por el texto refundido de la ley de sociedades de capital y las entidades que tengan la consideración de empresa o los empresarios sujetos, por tanto, a las disposiciones del Código de Comercio en cuanto a la llevanza de contabilidad y formulación de sus cuentas anuales.
• – Asimismo, estarían en este supuesto todas las entidades para las que la normativa que les resulte aplicable establezca expresamente que la llevanza de contabilidad y formulación o presentación de cuentas anuales se efectúe de conformidad con el Código de Comercio y sus normas de desarrollo, o con un marco normativo de información financiera normalizado previsto o al que se refiera la normativa concreta de aplicación, como por ejemplo y sin ánimo exhaustivo sería el caso de las siguientes entidades:
  • a) Las Cooperativas y las uniones, federaciones y confederaciones de éstas.
  • b) Las Agrupaciones de interés económico.
  • c) Las sociedades laborales
  • d) Las sucursales de sociedades extranjeras en España
  • e) Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
  • f) Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
  • g) Las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que se encuentren obligadas a auditar sus cuentas anuales por los motivos a que se refieren las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera del RAC, siempre y cuando dichas entidades deban formular sus cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación (Código de Comercio y demás disposiciones de desarrollo), tal y como viene exigido en las citadas disposiciones.

Otras entidades:

• a) Las entidades en las que su normativa aplicable exige la llevanza de contabilidad y la presentación de cuentas anuales que reflejen la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y de sus resultados, sin establecer expresamente el marco normativo de información financiera específico de aplicación a estos efectos. En estos supuestos, si las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con un marco normativo de información financiera que resulte de aplicación de acuerdo con los principios y criterios de valoración en él contenidos y como un todo coherente, la auditoría de estas cuentas anuales sí será auditoría de cuentas en el sentido previsto en el TRLAC.
• b) Entidades con una naturaleza jurídica que se podrían calificar de público-privada o cuasi pública, como son: las Cámaras de Comercio, los Colegios Profesionales, o las Comunidades de regantes, cuya normativa reguladora, sí que exige la llevanza de una contabilidad, la presentación de unos estados financieros o cuentas anuales, o la presentación y liquidación de presupuestos anuales, e incluso, en algunos casos, hasta que dichos estados financieros anuales estén auditados. En estos supuestos, previamente, será necesario determinar si con arreglo a la normativa específica aplicable en cada caso la verificación de los estados financieros anuales de estas entidades se encuentra dentro del ámbito de competencias de los órganos de control de la gestión económico-financiera de las Administraciones Públicas, puesto que en caso afirmativo, y conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda del TRLAC y disposición adicional quinta del RAC, a dicha verificación no le resultaría de aplicación la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, sino que estaría sujeta a la normativa específica del sector público a este respecto.

  En el caso de que dichas entidades no estuviesen dentro del ámbito de actuación de los órganos de control del sector público, habría de estar a lo que la normativa de cada entidad estableciera en cuanto a la llevanza de la contabilidad y la formulación de sus cuentas anuales u otros estados financieros o documentos contables de acuerdo con lo indicado anteriormente. En particular, tendrá la consideración de auditoría de cuentas:

  • – Si en el caso de cuentas anuales en dicha normativa se establece que las cuentas anuales se formulen de acuerdo con un marco normativo de información financiera que resulte de aplicación para expresar la imagen de la entidad
  • – Si, en el caso de otros estados o documentos financieros, la normativa aplicable a la entidad prevea expresamente, un marco normativo de información financiera para su elaboración y presentación.
• c) Entidades cuya normativa específica no establece expresamente el marco normativo de información financiera aplicable en la presentación y formulación de estados financieros o cuentas anuales, pero, sin embargo, resultan obligadas a someter sus cuentas o estados financieros a auditoría de cuentas por exigencia de disposiciones normativas de diversa índole o de naturaleza específica o sectorial, o incluso por exigirse por la propia normativa específica aplicable. En este sentido, existen entidades que perciben subvenciones o realizan actividades concretas (como, por ejemplo, la actividad deportiva), respecto de las cuales una norma jurídica particular tal como una Ley, un Real Decreto o una Orden ministerial, exige la presentación de estados financieros o cuentas anuales auditadas para la concesión o justificación de las subvenciones o para la realización de la actividad.

  En estos supuestos, cuando las entidades que por los motivos señalados deban presentar cuentas anuales o estados financieros auditados, y a pesar de que sus normas específicas de aplicación no establezcan expresamente un marco normativo de información financiera, debe considerarse que las auditorías de dichas cuentas anuales o estados financieros estarán sujetas a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, en todos sus aspectos, siempre y cuando, a su vez, en la elaboración de las citadas cuentas o estados se haya seguido, por los administradores o quienes ejerzan funciones equivalentes de la propia entidad, el marco normativo de información financiera que resulte más idóneo a su naturaleza. Interpretar lo contrario podría llevar a impedir que la entidad pudiese cumplir lo exigido por sus propias normas a las que se encuentra sujeta.

• d) Entidades sujetas a las obligaciones contables de los contribuyentes del impuesto de sociedades establecidas en el artículo 120.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades (que dice: “1. Los contribuyentes de este Impuesto deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rigen. En todo caso, los contribuyentes a que se refiere el Capítulo XIV del Título VII de esta Ley llevarán su contabilidad de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a las rentas exentas y no exentas”), ha de advertirse que, a los efectos que aquí interesa y sin perjuicio de que este Instituto no es competente para pronunciarse sobre el sentido y alcance de las normas tributarias, lo dispuesto en el citado artículo difícilmente puede interpretarse en el sentido de que esta norma tributaria exija la llevanza de contabilidad y la formulación de cuentas anuales conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio cuando la normativa específica de aplicación de los mencionados contribuyentes no lo establezca o lo haga de forma distinta, y mucho menos que dicha interpretación sea extensible al ámbito mercantil.
• e) Por otra parte, existen supuestos distintos a los citados en los apartados anteriores, relativos a entidades como por ejemplo, las comunidades de vecinos (sobre las que este Instituto en la consulta nº 1 del BOICAC 94/2013) o las Uniones Temporales de Empresas (UTEs), que carecen de personalidad jurídica según su normativa aplicable y que ni siquiera están obligadas a llevar contabilidad. En estos supuestos, la revisión y verificación de los estados financieros que dichas entidades puedan elaborar no tendrán la consideración de un trabajo de auditoría de cuentas sujeto a la normativa reguladora de esta actividad. 4. No obstante, el hecho de que la revisión o verificación de las cuentas o estados citados anteriormente no tengan la consideración de auditoría de cuentas no significa que los estados financieros de estas entidades no puedan ser revisados por un auditor de cuentas, con el alcance que se acuerde y que se considere apropiado en cada caso, el cual incluso podría alcanzar el mismo grado de seguridad razonable que proporcionaría la aplicación de las NIA-ES. En estos supuestos la actuación del auditor en dicha revisión no estaría sujeta en ningún caso a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas y en ninguno de sus aspectos. En este sentido, y salvo que exista disposición normativa que así lo prevea o lo permita, debe advertirse a este respecto que el informe que en su caso se emitiera como resultado de dicho trabajo no podrá identificarse como informe de auditoría de cuentas sujeto a la normativa reguladora de esta actividad, ni su redacción o presentación podrá generar confusión a este respecto, conforme a lo establecido en el artículo 3.3 del RAC, y teniendo en cuenta la conducta tipificada como infracción grave en el artículo 34.g) del TRLAC. En este aspecto, y a fin de evitar confusiones, sería conveniente que en el título del informe no figurase la palabra “auditoría”, pudiendo, por ejemplo, denominarse: “informe de auditor de cuentas”. Asimismo, sería oportuno incluir un párrafo en el propio informe en el que se indicase expresamente que el trabajo de revisión realizado no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas de la regulada en el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, ni que encuentra sujeta al citado texto refundido.

BOICAC 110, junio 2017. Consulta 1 de auditoría.

Sobre algunos aspectos relativos a la verificación de cuentas de entidades en las que la normativa que les resulta de aplicación, según su naturaleza jurídica, no establece de forma expresa un marco normativo de información financiera para su elaboración y presentación (asociaciones no declaradas de interés público, colegios profesionales).

El ICAC, a la vista de la CICAC única de auditoría del BOICAC 105, responde a las siguientes cuestiones:

• a) Si la auditoría de cuentas de las asociaciones no declaradas de utilidad pública reguladas en el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, es un trabajo de auditoría sometido a la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC): El ICAC responde que la auditoría de cuentas de las asociaciones no declaradas de utilidad pública, reguladas en el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, es un trabajo de auditoría sometido a la LAC, de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.b) de la contestación a la consulta 1 del BOICAC nº 105, y el literal del artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, siempre que las cuentas anuales se hayan elaborado de acuerdo con un marco normativo de información financiera que resulte de aplicación de acuerdo con los principios y criterios de valoración en él contenidos y como un todo coherente.
• b) Si la auditoría de cuentas de las asociaciones y fundaciones de competencia autonómicatambién constituyen trabajos de auditoría sometidos a la LAC, cuando se rijan supletoriamente por la normativa estatal. Tal sería el caso, en opinión del consultante, de aquellas asociaciones o fundaciones que operen en una comunidad autónoma sin legislación específica en esta materia, de acuerdo con la regla de supletoriedad del artículo 149.3 de la Constitución Española de 1978: El ICAC responde que las auditorías de cuentas de las asociaciones y fundaciones de competencia autonómica también constituyen trabajos de auditoría sometidos a la LAC, cuando se rijan supletoriamente por la normativa estatal, porque las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en el art. 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, son de aplicación supletoria a las asociaciones o fundaciones que operen en una Comunidad Autónoma sin legislación específica en esta materia, y siempre y cuando la normativa estatal citada resulte de aplicación supletoria a las entidades en cuestión.
• c) Si las disposiciones estatutarias de los colegios profesionales, en la medida que son aprobadas por normas jurídicas (ya sean reales decretos, órdenes ministeriales u órdenes del Consejero autonómico competente), forman parte de la normativa aplicable a estas entidades y, por consiguiente, debe acudirse a ellas para dilucidar la posibilidad de auditoría bajo la LAC. Y, en particular, si una auditoría de cuentas de estas entidades debe someterse a la LAC cuando la normativa aplicable al colegio profesional de que se trate (incluyendo las disposiciones estatutarias):
  • i) Bien obligue a la entidad a la llevanza de contabilidad y a la aprobación de cuentas anuales expresivas de la imagen fiel (cuando sean preparadas con arreglo a un marco normativo que resulte de aplicación como un todo coherente).
  • ii) Bien exija la auditoría de cuentas (pues, en caso contrario, quedaría vacía de contenido una exigencia prevista en la normativa aplicable).

  El ICAC responde que la verificación de las cuentas anuales de los colegios profesionales se encuentra sujeta a la LAC, cuando la normativa aplicable al colegio profesional de que se trate (i) bien obligue a la entidad a la llevanza de contabilidad y a la aprobación de cuentas anuales expresivas de la imagen fiel (cuando sean preparadas con arreglo a un marco normativo que resulte de aplicación como un todo coherente), ii) bien exija la auditoría de cuentas (pues, en caso contrario, quedaría vacía de contenido una exigencia prevista en la normativa aplicable), de acuerdo con el criterio indicado en la consulta de referencia publicada en el BOICAC 105, en sus apartados 2.b) y 2.c), respectivamente.

BOICAC 118, julio 2019. Consulta 1 de auditoría (publicada originalmente en el 4 de junio en la WEB del ICAC).

EL ICAC es consultado sobre las condiciones establecidas por diversas entidades en procesos de licitación para la contratación de auditores de cuentas, con el objeto de realizar la auditoría de las cuentas anuales de dichas entidades, que pudieran ser contrarias a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

En concreto, en diversos procesos de licitación abiertos por distintas entidades, tanto privadas como del sector público, relativos a la contratación de auditores de cuentas para realizar la auditoría de las cuentas anuales de dichas entidades, se vienen exigiendo determinadas condiciones, entre las que se encuentran las siguientes:

• – La acreditación de un importe mínimo de facturación por servicios de auditoría o una determinada dimensión o un número mínimo de años de ejercicio práctico.
• – La pertenencia a una determinada Corporación representativa de auditores de cuentas.
• – La prestación de forma conjunta con la auditoría de las cuentas anuales de otros servicios de diversa índole, desde los relacionados con la elaboración de estados o documentos contables a consultas o asesoramientos en esta materia. La licitación se hace de forma conjunta por un importe único que engloba todos los servicios.

Las dudas planteadas se refieren a si la exigencia de tales condiciones en los procesos de licitación citados es conforme con lo establecido en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

En su respuesta el ICAC establece como cuestión previa que en los procesos de licitación para la realización de la auditoría de las cuentas anuales de una entidad, habrá de determinarse el marco normativo al que se encuentra sujeta la realización de dicho trabajo, si el de la “auditoría mercantil” (LAC y su normativa de desarrollo) o el de la “auditoría pública” (normativa del sector público correspondiente), puesto que dicha circunstancia delimitará las normas a las que debe atenerse tanto el proceso de licitación como el posterior desarrollo del trabajo de auditoría.

Además no recuerda que el ICAC únicamente tiene entre sus competencias la supervisión y control de la actividad de cuentas en el ámbito regulado por la LAC (“auditoría mercantil”), por lo que es únicamente en este ámbito en el que cabe pronunciarse sobre la cuestión planteada. Así tras recordarnos lo establecido por la LAC y por el Reglamento (UE) nº537/2014, concluye lo siguiente:

• a) En cuanto a las condiciones de licitación referidas a la acreditación de una determinada cuantía de facturación, dimensión o número de años de ejercicio efectivo, así como de la pertenencia a una concreta Corporación representativa de los auditores de cuentas, debe señalarse que, con carácter general, el establecimiento de condiciones que limiten o restrinjan la selección, nombramiento y contratación de cualquier auditor de cuentas deben considerarse contrarias a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. No obstante, este tipo de restricciones no deberían confundirse con las condiciones establecidas en un proceso de selección que pudieran venir motivadas por la complejidad y dimensión de la entidad a auditar, o por la actividad o sector al que ésta pertenece, ya que dichas circunstancias podrían justificar el establecimiento de condiciones, adecuadas y proporcionadas a las particulares características de la entidad en cuestión, respecto a la especialización y adecuación de los recursos y sistemas a emplear en la auditoría, para garantizar su calidad y el cumplimiento de la finalidad que se le atribuye.
• b) Por lo que se refiere a la cuestión planteada sobre la licitación de forma conjunta de la auditoría de las cuentas anuales y otros servicios distintos, estableciendo un importe único de honorarios que englobe todos los servicios, debe indicarse lo siguiente:
  • i Los servicios distintos a los de auditoría licitados en ningún caso deberían suponer una vulneración del régimen de independencia establecido en la LAC, por lo que no podrán tener por objeto la prestación de un servicio prohibido o incompatible de conformidad con dicho régimen de independencia, ni suponer una amenaza que no pudiera reducirse o eliminarse mediante la aplicación de las salvaguardas necesarias de forma que no se vea comprometida la independencia del auditor.
  • ii Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales de una entidad no pueden estar condicionados o influidos por la prestación de otros servicios adicionales a dicha entidad, ni pueden tener carácter contingente.
  • iii Debe existir una separación entre los honorarios correspondientes a los trabajos de auditoría de cuentas (sujetos a un régimen legal establecido) y los de otros servicios distintos a los de auditoría (no sujetos a dicho régimen), no pudiendo figurar ambos por un importe global, sin especificar al menos los honorarios de auditoría individualizados.
• c) Y lo indicado en las letras anteriores lo es sin perjuicio de lo que disponga a este respecto la normativa sobre la contratación del sector público a la que la entidad en cuestión esté sujeta y a cuyo cumplimiento resulta obligada.

  En el caso de que la licitación se realice en el ámbito del sector público, deberá respetarse lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

BOICAC 118, julio 2019. Consulta 2 de auditoría (publicada originalmente en el 4 de junio en la WEB del ICAC)

Se consulta al ICAC sobre la actuación del auditor de cuentas y la emisión de su informe de auditoría en relación con el informe de gestión en los supuestos en que éste no es obligatorio para la entidad en la formulación de sus cuentas anuales, al presentarse el balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, pero que acompaña a éstas de forma voluntaria.

En concreto, se ha recibido consulta referente a la actuación a seguir por el auditor de cuentas en la auditoría de las cuentas anuales de una entidad (sociedad de capital en este caso) y en la emisión del informe de auditoría correspondiente, en el supuesto de que la entidad, sin tener la obligación de elaborar el informe de gestión, al cumplir los requisitos previstos en el artículo 262.3 del texto refundido de la ley de sociedades de capital (TRLSC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, -formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados-, sin embargo elabora y presenta dicho informe de gestión acompañando a las cuentas anuales de forma voluntaria.

Las dudas se refieren a si en estos supuestos, a tenor de lo establecido en la Norma Técnica de Auditoría (NIA-ES 720- revisada) “Responsabilidades del auditor con respecto a otra información”, podría entenderse excluido el informe de gestión de la revisión por el auditor al considerarse información no exigida legal o reglamentariamente, o, por el contrario, el auditor debe revisar dicho informe de gestión con el alcance dispuesto en el artículo 5.1.f) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC, en adelante), de igual forma que si la entidad tuviese obligación legal de elaborar y presentar el informe de gestión.

La misma duda se plantea en relación con las entidades que no sean sociedades de capital.

Para fundamentar su respuesta el ICAC acude a la siguiente normativa:

• – TRLSC: Artículos 253,262, 263, 268 y 279
• – LAC:Artículos 4.1 y 5.1.f)
• – RAC:Artículo 4.2
• – Nota aclaratoria de la NIA-ES 720 revisada

Basándose en la normativa citada, el ICAC concluye que cuando las cuentas anuales vayan acompañadas del informe de gestión, e independientemente de que éste se haya presentado por obligación legal o de forma voluntaria, el auditor de dichas cuentas en todo caso deberá verificar el informe de gestión y emitir la opinión correspondiente de acuerdo con lo exigido por los artículos 4.1 y 5.1.f) de la LAC, a cuyo fin deberá aplicar la Norma Técnica de Auditoría (NIA-ES 720 revisada) “Responsabilidades del auditor con respecto a otra información”.

NORMATIVA

Como dispone el artículo 2 de la LAC, la actividad de auditoría de cuentas en España se realizará con sujeción a lo establecido por:

• a) La propia LAC
• b) El Reglamento de desarrollo de la LAC
• c) Las siguientes normas:
  • – Normas de auditoría
  • – Normas de ética e independencia de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría
  • – Normas de control de calidad interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría

¿Qué entiende la Ley 22/2015 por Entidades de Interés Público (EIP)?

Según el punto 5 del artículo 3. Definiciones, tendrán la consideración de entidades de interés público:

• a) Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, las entidades de crédito y las entidades aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al BE, a la CNMV y a la DGSFP, y a los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras, respectivamente, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión.
• b) Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por:
  • – La naturaleza de su actividad
  • – Su tamaño o por su número de empleados.
• c) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una entidad de las contempladas en las letras a) y b) anteriores.

El artículo 8 del Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas aprobado por el Real Decreto 2/2021 de 12 de enero establece que, a efectos de lo dispuesto en el artículo 3.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, tendrán la consideración de entidades de interés público las siguientes:

• a) a) Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, respectivamente, así como las entidades emisoras de valores en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión. A estos efectos se entenderá como mercado secundario oficial de valores cualquier mercado regulado de un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos previstos en el artículo 2.13 de la Directiva 2006/43/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CE del Consejo.
• b) Las empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 5.000 clientes, en el primer caso, o 5.000 partícipes o accionistas, en el segundo caso, y las sociedades gestoras que administren dichas instituciones.
• c) Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 10.000 partícipes y las sociedades gestoras que administren dichos fondos.
• d) Las fundaciones bancarias, los establecimientos financieros de crédito, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
• e) Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos anteriores cuyo importe neto de la cifra de negocios y plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 empleados, respectivamente.
• f) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una de las entidades contempladas en las letras anteriores.

Las entidades mencionadas en las letras b), c) y e) del párrafo anterior perderán la consideración de entidades de interés público si dejan de reunir durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, los requisitos establecidos en dichas letras.

Las entidades a que se refieren las letras del párrafo anterior tendrán la condición de entidades de interés público si reuniesen los requisitos para serlo al cierre del ejercicio social de su constitución, transformación o fusión y del ejercicio inmediatamente posterior. No obstante, en el caso de que una de las entidades que participe en la fusión o de que la entidad que se transforme tuviese la consideración de entidad de interés público en el ejercicio anterior a dicha operación, no perderán tal condición las entidades resultantes si reúnen al cierre de ese primer ejercicio social los requisitos recogidos en las citadas letras.

Boicac Nº 103/2015 Consulta 2

En la consulta 2 del BOICAC 103, septiembre 2015, se consulta al ICAC sobre el citado régimen transitorio. En concreto, la consulta se refiere a cuál es el ejercicio en el que se entiende que entra en vigor la nueva definición de entidades de interés público, ya sea por actividad ya sea por tamaño, en función de si el ejercicio de las entidades de interés público se corresponde con el año natural o no, y en éste último caso, en función de si la fecha de cierre del ejercicio es anterior o posterior a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre (4 de octubre de 2015).

El ICAC responde que, de acuerdo con lo dispuesto en la citada modificación normativa, la consideración de EIP en los ejercicios 2015 y 2016 para las distintas entidades se determinará atendiendo a los siguientes criterios:

A. Entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión

Estas entidades, incorporadas como novedad por la propia LAC, no podrán tener la consideración de EIP hasta el 17 de junio de 2016, fecha a partir de la cual serán exigibles los requisitos específicos que exige el Reglamento (UE) nº 537/2014 para los auditores de EIP. Afectará dicha condición a las primeras cuentas o estados que se correspondan con ejercicios cerrados con posterioridad a dicha fecha.

B.- Las entidades a que se refieren las letras b), c) y e) del artículo 15.1 del RAC.

Respecto a estas entidades, procedería distinguir si el ejercicio de la EIP se corresponde o no con el año natural. Así:

Año natural o cierre a 31 de diciembre: En que el ejercicio se corresponda con el año natural o tenga como fecha de cierre del 31 de diciembre, se tendrá en cuenta lo siguiente:

• 1. En el ejercicio 2015, para determinar si en ese ejercicio una entidad es o no EIP se considerarán los nuevos parámetros establecidos en el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, en relación con los datos correspondientes a los ejercicios 2014 y 2013, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del citado Real Decreto, al ser éstos los últimos cerrados a la entrada en vigor de este Real Decreto (4 de octubre de 2015).
• 2. En el ejercicio 2016, se aplicará ya el nuevo régimen general establecido en el artículo 15 del RAC, por lo que se tendrán en cuenta los datos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016.

Ejercicio no se corresponde con el año natural o tiene una fecha de cierre distinta al 31 de diciembre: En este caso la aplicación del régimen transitorio vendrá determinada por si la fecha del cierre del ejercicio es anterior o posterior a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 877/2015 -que es el 4 de octubre-, debiendo aplicarse dicho régimen transitorio al primer ejercicio que se cierre con posterioridad a la citada fecha de entrada en vigor. Así las cosas:

• 1. Fecha de cierre del ejercicio es posterior al 4 de octubre de 2015: El régimen aplicable para ese ejercicio será idéntico al indicado para el ejercicio que se corresponde con el año natural. Es decir, para el ejercicio 2014-2015 (sería el caso del ejercicio que cierra, por ejemplo, el 31 de octubre de 2015) se tendrán en cuenta los datos de los dos ejercicios anteriores (2012-13 y 2013-14) por cuanto que aquel ejercicio es el que se corresponde con “el ejercicio en que entra en vigor esta norma” (según disposición transitoria transcrita). Para el ejercicio 2015-2016 (sería el caso del ejercicio que cierra el 31 de octubre de 2016), ya se tendrán en cuenta los datos correspondientes a cada uno de dichos ejercicios (2014-15 y 2015-16).
• 2. Fecha de cierre del ejercicio anterior al 4 de octubre: El régimen aplicable a dicho ejercicio (2014-2015, con cierre, por ejemplo, el 31 de agosto de 2015) será el anterior al Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, puesto que, no sólo a dicha fecha no se había aprobado y publicado dicho Real Decreto, sino que este no prevé que el nuevo régimen pueda aplicarse con carácter retroactivo. Por tanto, el régimen transitorio se aplicará al primer ejercicio en que se encuentre incluida la fecha de entrada en vigor del Real Decreto, que será el correspondiente al ejercicio 2015-16 (con cierre 31 de agosto de 2016), en el que se tendrán en cuenta los datos correspondientes a los dos ejercicios anteriores a la citada fecha de entrada en vigor (2013-14 y 2014-15). Para el ejercicio 2016-2017, ya se aplicará el régimen general, debiendo tenerse en cuenta los datos correspondientes a cada uno de dichos ejercicios.

C.- Las entidades a que se refieren la letra d) del artículo 15.1 del RAC

Dicha letra “d” recoge a las fundaciones bancarias, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. Como novedad, el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre suprime del concepto de EIP a las sociedades de garantía recíproca y se incorpora a las fundaciones bancarias, respecto a las cuales procedería entender lo siguiente:

• 1. Sociedades de garantía recíproca:Al haber dejado de ser consideradas EIP por el nuevo reglamento, en el ejercicio 2015 ya no tendrán la consideración de EIP, siempre que dicho ejercicio se cierre con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 877/2015 (4 de octubre de 2015).
• 2. Fundaciones bancarias: A pesar de que estas entidades son incorporadas como novedad por el Real Decreto 877/2015 y no por la propia LAC, siendo coherentes con el criterio expuesto para entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión, no podrán tener la consideración de EIP hasta el 17 de junio de 2016, fecha a partir de la cual serán exigibles los requisitos específicos que exige el Reglamento (UE) nº 537/2014 para los auditores de EIP. Afectará dicha condición a las primeras cuentas o estados que se correspondan con ejercicios cerrados con posterioridad a dicha fecha.

D.- Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una EIP

Analizamos ahora el caso de los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una EIP, conforme a lo establecido en el artículo 15.1.f) del RAC, a tenor de la modificación introducida por el artículo 3.5.c) de la LAC. La citada modificación legal de la LAC radica en que algunos grupos de sociedades en los que la sociedad dominante no sea EIP dejarán de tener tal consideración, a diferencia del régimen anterior que exigía como condición únicamente que en el grupo estuviese integrada una sociedad EIP. Este nuevo régimen ha sido introducido por la propia LAC, por lo que, atendiendo a lo dispuesto en la disposición final decimocuarta de la LAC, de entrada en vigor, dicho régimen será aplicable a partir del 17 de junio de 2016, fecha a partir de la cual serán exigibles los requisitos específicos establecidos en el Reglamento (UE) nº 537/2014 para los auditores de EIP. Por lo que el nuevo régimen será aplicable a las primeras cuentas o estados que se correspondan con ejercicios cerrados con posterioridad a dicha fecha.

E.- Información sobre EIP a remitir al ICAC mediante los modelos 02 y 03 e informe anual de transparencia que deben publicar cuando entre las entidades auditadas se encuentra alguna EIP

En estos casos, lo que determinará su inclusión o no como EIP será si durante los doce meses anteriores al mes de octubre, en el caso de la información anual a remitir al ICAC, o en el ejercicio económico del auditor o sociedad de auditoria, en el caso del informe anual de transparencia, se han realizado y emitido informes de auditoría de entidades que tienen la condición de EIP, conforme a los criterios indicados en los apartados anteriores.

BOICAC 113, marzo 2018. Consulta 3

Sobre la consideración o no como entidad de interés público (EIP) de una sociedad mercantil que traslada su domicilio social a España y que cotiza en un mercado regulado en un estado miembro de la Unión Europea, así como de las obligaciones de rotación de la sociedad de auditoría que venía auditando las cuentas anuales de dicha sociedad y de las entidades de su red.

En concreto se refiere a una sociedad mercantil domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea (UE) y cuyas acciones vienen cotizando en un mercado regulado de valores de dicho Estado miembro de la UE. Dicha sociedad decide trasladar su domicilio social a España y seguir cotizando sus valores en el mercado regulado de valores del Estado miembro (no se precisa si también cotizará sus valores en algún mercado secundario oficial español de valores, aunque se presume que, en principio, no será así).

La cuestión que se plantea a este respecto se refiere a si dicha sociedad a partir de establecer su domicilio en España tendrá o no la consideración de EIP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC).

El ICAC concluye que el concepto de mercado secundario oficial de valores debe de ser entendido conforme a la definición de EIP establecida en el artículo 2.13 de la Directiva 2006/43/CE, que alude a la cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro. Por ello, y a los efectos de lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, una entidad será de interés público si emite valores que se negocian en un mercado regulado en cualquier Estado miembro y además está sometida al régimen de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, según establece el artículo 3.5. de la LAC.

BOICAC 130, junio 2022. Consulta de auditoría

La cuestión planteada se refiere a la consideración de una SOCIMI como entidad de interés público (EIP).

En concreto se refiere al caso de una SOCIMI que estaba cotizando en el MAB. Dado el cambio de denominación producido el día 3 de septiembre de 2020, ahora cotiza en el denominado BME Growth. Se pregunta si una SOCIMI que está cotizando en este BME Growth pasa a ser una EIP.

El ICAC concluye que esta sustitución del MAB por el actual BME growth ha sido una reestructuración puramente de mercado con el objeto de reorganizar mejor la estructura del mismo, de forma que dado que las SOCIMI no estaban en el segmento de expansión y no tenían la calificación de EIP debe mantenerse esa calificación de que no son EIP. Por lo tanto, la SOCIMI que no cotizaba en el mercado de empresas en expansión del MAB y que, por tanto, no tenía la condición de EIP, no adquiere esta condición por continuar cotizando, en iguales condiciones, en el mismo mercado con la nueva denominación de BME growth.

BOICAC Nº 132, diciembre 2022: Consulta auditoría

Consulta solicitando aclaración del alcance de los apartados e) y f) del artículo 8.1 del RLAC, en cuanto a la consideración de determinadas entidades como de interés público.

En concreto la consulta se refiere a una sociedad de un grupo que no reúne las condiciones establecidas en los apartados a) a d) del artículo 8.1 del RLAC, solicitando aclaración sobre si para que dicha entidad sea considerada de interés público, por aplicación de lo dispuesto en el apartado e) del mismo artículo, que atribuye esa condición a las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios y plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 empleados, respectivamente, deben ser tenidas en consideración las cifras de sus cuentas anuales individuales o consolidadas.

Pues bien, el ICAC, tras recordarnos que el artículo 8.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero (en lo sucesivo, RLAC), desarrolla el artículo 3.5 de dicha Ley, respecto de la definición de “entidades de interés público”, hace la siguiente interpretación de sus apartados e) y f):

• — Artículo 8.1 e): De la interpretación literal del precepto se desprendería que las cifras determinantes de la consideración de una entidad como de interés público del apartado 1.e), están referidas a entidades jurídicas individuales, al igual que las condiciones que figuran recogidas en los apartados a) a d) de dicho artículo.

  En este sentido, debe señalarse que la imagen fiel de la sociedad viene dada por las cuentas individuales, mientas que las cuentas consolidadas permiten dar la imagen fiel del grupo de sociedades, no de cada sociedad en concreto.

• — Artículo 8.1 f): Por otra parte, la letra f) del mismo apartado 1 recoge el ámbito específico aplicable a los grupos de sociedades y, en el caso de que una entidad individual reúna las condiciones previstas en alguno de los apartados de este artículo y sea la sociedad dominante de un grupo, el grupo en su conjunto adquirirá la condición de entidad de interés público.

El ICAC, en virtud de lo anteriormente señalado, concluye que para considerar si la entidad es EIP debe atenderse a las cifras de sus cuentas individuales. Por tanto, si una entidad individual adquiere la condición de EIP, por cumplir la condición señalada, el grupo al que pertenece adquirirá tal condición únicamente en el caso de que dicha entidad sea la matriz del grupo.

BOICAC Nº 134, junio 2023: Consulta auditoría

Sobre la consideración, o no, como entidades de interés público de las federaciones deportivas de ámbito autonómico.

En concreto la consulta se refiere a la consideración, o no, como entidades de interés público de las federaciones deportivas de ámbito autonómico, tras la aprobación de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte.

La cuestión se plantea respecto del alcance de la expresión “federaciones deportivas españolas” del artículo 58.2 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte (en lo sucesivo, LD), en el sentido de determinar si incluye, o no, a las federaciones deportivas de ámbito autonómico, a efectos de su consideración como entidades de interés público (en lo sucesivo, EIP). Es decir, del inciso final del primer párrafo de dicho artículo 58.2 se desprende la atribución de la condición de EIP a las “federaciones deportivas españolas”, planteándose la duda sobre si debe considerarse que dicha expresión engloba a las federaciones deportivas autonómicas.

Para fundamentar su respuesta, el ICAC acude a lo establecido por la siguiente normativa:

• a) Respecto al criterio interpretativo de lo que dicen las normas, al artículo 3.1 del Código Civil.
• b) Respecto a la definición, diferenciación y relaciones entre federaciones deportivas “autonómicas” y “estatales” a las siguientes partes de la LD:
  • — Artículo 43:
    • • Apartado 1
    • • Apartado 3
    • • Apartado 7
  • — Último párrafo del apartado VI de su preámbulo.
  • — Artículo 6.5
  • — Artículo 48.1

Pues bien, el ICAC concluye que de la literalidad de dichos textos se desprende una clara diferenciación, por su ámbito territorial, entre las federaciones deportivas “autonómicas” y las “estatales”, en las que se pueden integrar, en su caso, las primeras. También concluye que de dicha literalidad y de su interpretación sistemática se desprende con claridad que el concepto “federaciones deportivas españolas” se refiere, exclusivamente, a las de ámbito estatal, debiendo quedar diferenciadas, por tanto, las “federaciones deportivas autonómicas” de las “federaciones deportivas españolas”, siendo estas últimas a las únicas que se deben considerar EIP, de acuerdo con lo dispuesto en el precitado artículo 58.2 de la LD.

Conclusiones:

Las federaciones deportivas de ámbito autonómico, a diferencia de las estatales, no tienen la consideración de entidades de interés público.

¿Qué y cuáles son las “normas de auditoría?

Las normas de auditoría constituyen los principios y requisitos que deben observar los auditores de cuentas en la realización del trabajo de auditoría de cuentas y sobre las que deben basarse las actuaciones necesarias para expresar una opinión técnica responsable e independiente. Se consideran normas de auditoría las contenidas en:

• – la propia LAC,
• – su reglamento de desarrollo,
• – las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea
• – las normas técnicas de auditoría.

El artículo 73 de la LAC establece que se considerará como infracción grave el incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe.

¿Qué regulan las normas de ética?

Las normas de ética incluyen, al menos, los principios de competencia profesional, diligencia debida, integridad y objetividad, sin perjuicio de lo establecido en relación al escepticismo/juicio profesional e independencia en las secciones 1. ª y 2.ª, respectivamente, del Capítulo III del Título I de la LAC.

¿Quién y cómo se elaboran, adaptan o revisan las normas técnicas, las normas de ética y las de control de calidad interno?

Estas tareas se realizarán por las corporaciones de derecho público representativas de quienes realicen la actividad de auditoría de cuentas, previa información pública durante el plazo de dos meses y serán válidas a partir de su publicación, mediante resolución del ICAC, en su Boletín Oficial.

Se elaborarán, adaptarán o revisarán, de conformidad con:

• – Los principios generales y práctica comúnmente admitida en los Estados miembros de la Unión Europea.
• – Las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea.

En el caso de que las citadas corporaciones, previo requerimiento del ICAC no realizarán tales tareas en la forma establecida anteriormente, el propio Instituto procederá las llevará a cabo, informando de ello a las referidas corporaciones de derecho público representativas y cumpliendo también el requisito de información pública durante el plazo de dos meses.

¿Se pueden imponer requisitos o procedimientos adicionales a los de las normas internacionales adoptadas por la UE?

Solo podrán imponerse estos requisitos o procedimientos adicionales cuando se deriven de requerimientos exigidos por ley nacional referente al ámbito de aplicación de las auditorías de cuentas o resulten necesarios para aumentar la credibilidad y calidad de los estados financieros auditados.

Estos requisitos adicionales serán comunicados por el ICAC a la Comisión Europea, como mínimo, tres meses antes de su entrada en vigor o, en el caso de requisitos ya existentes en el momento de la adopción de una norma internacional de auditoría, en un plazo no superior a tres meses a partir de la fecha de adopción de la norma internacional de auditoría.

Dichos requisitos adicionales deberán establecerse mediante resolución del ICAC en la que se declare la vigencia de los apartados correspondientes de las normas de auditoría preexistentes a la adopción por la Unión Europea de las normas internacionales de auditoría sobre la misma materia, o mediante la publicación de nuevas normas de auditoría limitadas a los referidos requisitos adicionales. La Resolución deberá ser publicada en su Boletín Oficial, previo trámite de información pública durante el plazo de dos meses.