Ya hace más de dos años que el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones. Se trata de una norma que obliga a los Estados miembros, entre ellos España, a poner en marcha una serie de mecanismos en materia de insolvencia empresarial, no solo para prevenirla, sino también para proteger al deudor "de buena fe".
El principal objetivo del texto comunitario es ampliar las posibilidades de éxito en la resolución de las crisis empresariales por motivos de insolvencia. Se trata de dar un impulso al conjunto de procesos extrajudiciales orientados a reestructurar las deudas de las compañías viables en situación de crisis.
Con la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 se van a abordar aspectos fundamentales como el impulso a los planes de soluciones anteriores al concurso, la regulación para dotar de mayor agilidad a la deuda de unidades productivas y la introducción de mejoras de eficiencia procesal.
¿Qué se espera de la nueva regulación concursal?
Una de las reformas previstas afecta al preconcurso.
Como seguramente ya sabe, las sociedades con problemas financieros, acogidas a leyes concursales, tienen la opción de suspender cualquiera de las ejecuciones singulares pendientes (embargos, ejecuciones judiciales, intervenciones tributarias...) para favorecer las negociaciones de un «plan preventivo de reestructuración». Pues bien, en la actualidad este procedimiento tiene una duración de cuatro meses y con la trasposición de la Directiva podría ampliarse hasta un año (art. 6 Directiva (UE) 2019/1023).
¿Qué es el Preconcurso?
El preconcurso, está regulado fundamentalmente en los artículos 583 y ss. TRL Concursal y consiste en la facultad que tiene el deudor para poner en conocimiento del juzgado que se encuentra en situación de insolvencia y que ha iniciado negociaciones con sus acreedores, fundamentalmente con la intención de:
- Evitar un procedimiento concursal consiguiendo un acuerdo que permita la viabilidad de la empresa o
- Conseguir las adhesiones necesarias para una propuesta anticipada de convenio, que agilice, en su caso, la tramitación futura e inevitable del concurso de acreedores.
En resumidas cuentas, consiste en una declaración al juzgado, debidamente redactada y presentada por abogado y procurador, que nos da un plazo de tres meses, más uno, para realizar un último intento de negociación con nuestros proveedores, especialmente con entidades bancarias para tratar de refinanciar la deuda que tenga la sociedad y así poder reflotarla.
Como su propio nombre indica, el preconcurso de acreedores se celebra de forma previa a la declaración de este y con el fin de evitarlo. La ley obliga a acogerse a la ley concursal pasados los dos meses siguientes al momento en que el deudor tenga conocimiento de su insolvencia. Ese es el momento en el que podrá decidir si comunica la situación preconcursal o si solicita directamente el concurso de acreedores.
De acuerdo con los artículos 583 y ss. TRL concursal, la empresa en situación preconcursal tiene a partir de entonces un plazo de tres meses para negociar con sus acreedores e intentar resolver los problemas de liquidez. Si en ese plazo o fase preconcursal no se llega a un acuerdo, la empresa contará con un mes adicional para declarar ante el Juzgado de lo Mercantil el concurso.
A este respecto debe destacarse que el hecho de no alcanzar un acuerdo no implica una responsabilidad para los administradores, salvo que no se hubiera hecho uso real de dicho plazo para negociar, se haya utilizado esta vía con carácter únicamente dilatorio o se haya agravado la situación de insolvencia en este periodo.
El preconcurso es una alternativa que ofrece muchas ventajas:
-No altera la rutina laboral durante el tiempo del proceso
A diferencia del concurso, la sociedad no es intervenida por administradores concursales. Es decir, la empresa consigue mantener sus órganos de gobierno y ser responsable de todas las decisiones adoptadas.
-Evita la mala calificación
Las empresas en preconcurso quedan protegidas ante la posible solicitud de concurso necesario por parte de sus acreedores.
-Paraliza las ejecuciones
Desde la presentación de la comunicación no serán posibles las ejecuciones judiciales de bienes o derechos que sean “necesarios para la continuidad de la actividad profesional”.
-No afecta a la Imagen de la empresa
Las empresas en preconcurso cuentan con cierta privacidad respecto al proceso. Pese a que el secretario judicial puede ordenar la publicación del extracto de la resolución en el Registro Público Concursal, si el deudor así lo solicita de forma expresa éste no se hará público. El deudor puede pedir que se levante el carácter de reservado de la comunicación cuando así lo desee.
-Es más barato
En un preconcurso los gastos siempre serán mucho más bajos que los que se puedan dar en un concurso ya que, su duración es corta y delimitada; no hay administrador concursal y los costes de letrado y procurador son inferiores.
No olvide que la mayoría de las empresas que acuden al concurso de acreedores lo hacen cuando ya no hay posibilidad de revertir su situación. Las herramientas de estrategia de reestructuración temprana pueden ayudar a su negocio a superar una situación coyuntural de insolvencia siempre que se utilicen a tiempo.